Los socios de Sánchez intentaron colar la supresión del título de Rey en la ley de «memoria»

Los partidos que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa -ERC, Junts per Catalunya y Bildu, además de Compromís y Més per Mallorca- intentaron aprovechar el final de la tramitación de la llamada ley de «Memoria Democrática» en el Senado para suprimir el título de Rey de España a través de sus enmiendas parciales. El intento quedó frustrado desde el primer momento, pues el letrado mayor de la Cámara Alta impidió ya su mera admisión a trámite, con lo que no llegará a debatirse en el Pleno previsto para la próxima semana. La ley -pactada por Sánchez con Bildu- enfila ahora su último paso parlamentario para su aprobación definitiva.

En concreto, la enmienda presentada por estas formaciones propugna la supresión del título de Rey de España «así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan», alegando que «la restauración de la Monarquía en el Estado español tiene su origen en la dictadura franquista».

«En la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 se estableció que el Estado español volvía a ser un reino y que el Jefe del Estado, Franco, ‘podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente’. El 22 de julio de 1969, amparándose en esta Ley de Sucesión, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de ‘Príncipe de España’, título que conservó hasta convertirse él mismo en Jefe del Estado el 22 de noviembre de 1975, después de la muerte del dictador», destacan independentistas y proetarras.

Sostienen, asimismo, que «en su juramento de lealtad al caudillo y a los principios del Movimiento, sus palabras fueron claramente una exaltación de la Guerra y la Dictadura: quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino».

Título «franquista»

«Queda claro, pues, que la restauración de la Monarquía en el Estado español se produjo dentro del mismo régimen franquista. Tanto la forma de Estado, su jefatura y sistema constitucional se sometieron a una sola consulta por vía de referéndum», reprochan en el texto no admitido. Esta circunstancia, en su opinión, «polarizaba el debate entre seguir con una dictadura absoluta o con una suerte de sistema nuevo denominado Monarquía parlamentaria».

«Es decir, nunca se permitió que la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de estado preferida. Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento», sostienen en la enmienda.

El año pasado, estos partidos ya utilizaron el paso de la norma por el Congreso para impulsar -evidentemente, sin éxito- el derribo de la Corona, amparándose en que la norma plantea la retirada de reconocimientos, honores y distinciones «que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista». Entonces, el PSOE defendió el «acuerdo constitucional», la Monarquía parlamentaria y el papel de Felipe VI, rechazando abrir el debate con sus aliados.

En esta ocasión, el letrado mayor del Senado, Manuel Cavero, rechazó la admisión a trámite de la enmienda por una mera cuestión parlamentaria, pues «en la medida en que propone la supresión del título de Rey de España, requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución, para lo cual se exige el procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución».

Con Bildu

Más allá de su nulo efecto práctico, la enmienda sí tiene un valor simbólico, en la medida en que supone un nuevo ataque a la Corona de aquellos partidos de los que se vale Sánchez para permanecer en el poder. Cabe recordar que la ley saldrá adelante gracias al apoyo de Bildu, que facilitó al socialista su aprobación en el Congreso a cambio de varias exigencias, como la creación de una comisión para investigar los «supuestos de vulneración de derechos humanos» hasta diciembre de 1983, es decir, ya en plena democracia y bajo el Gobierno de Felipe González.

Los grupos en el Senado han presentado 521 enmiendas parciales al proyecto, además de cuatro vetos, que no han salido adelante. Así, este jueves, la Comisión Constitucional ha aprobado el dictamen del proyecto de ley que se votará en última instancia en el Pleno del Senado previsto para los días 4, 5 y 6 de octubre, donde los grupos tendrán nuevamente la posibilidad de incorporar enmiendas. Será el último paso de la norma para su entrada en vigor.